ARTÍCULO: MALESTAR GENERAL

Que hay un malestar general es innegable. Y no solo por la inseguridad ante la proliferación de la delincuencia y el sicariato, sino por esa otra inseguridad que proporciona el que las diferentes instituciones del país  no funcionen. Vemos atónitos como trabajadores de instituciones educativas, postales, municipales, fiscales, y hasta judiciales manifiestan su descontento  y discrepancias con la forma en que son tratados. Su remuneración y  en algunos casos consideración jurídica parece no ser de recibo de los trabajadores de esas entidades. Todo ello origina, como digo al principio, no solo molestias e incomodidad en los ciudadanos por las huelgas efectuadas y/o anunciadas sino inquietud y desasosiego por lo que pudiera devenir. Independientemente de las actuaciones de esos trabajadores, algunas de las propias de la Corte Suprema y del Consejo Nacional de la Magistratura, también coadyuvan a incrementar la desconfianza y sobre todo el estupor del hombre de a pie. Comenzaré por aquí.

Hago referencia a la Corte Suprema  presidida por Villa Stein con la sentencia absolutoria y por lo tanto exculpatoria dictada al ex ministro Aurelio Pastor, en recurso de casación, ante las repetidas condenas a cuatro años por el delito de tráfico de influencias, luego de ser denunciado por la alcaldesa de Tocache, Corina de la Cruz, quien aseguró y mostró audios en los que a la promesa de Pastor de “utilizar sus influencias” para librarla de un proceso en el Jurado Nacional de Elecciones, añadió la solicitud del pago de  60,000 soles. Cuatro años de condena, se han convertido en la octava parte, escasos seis meses nada más. Ver para creer.

El caso del Consejo Nacional de la Magistratura, que como ustedes saben es el órgano constitucional autónomo y teóricamente independiente cuya función es fortalecer el sistema de administración de la Justicia, nombrando y ratificando o no, a jueces y fiscales, provistos de valores éticos y morales para garantizar los derechos de los ciudadanos. Pues bien, los miembros de este Consejo, agárrense, integrado por una enfermera, un ingeniero, dos profesores universitarios entre otros, están en boca de todos tras originar la dimisión voluntaria de su honesto presidente Pablo Talavera, ante la polémica actitud de confirmar en su puesto  al impresentable Consejero Alfredo Quispe Pariona. Más tarde consideraron  la destitución del mismo Consejero por su “incapacidad moral”. Y se sabe que la reconsideración del veredicto del Consejo se hizo a solicitud del Congreso de los Diputados. El tal Quispe Pariona había sido, como digo, previamente confirmado por sus colegas en su puesto, a pesar de los audios aparecidos donde decía “será inmoral, pero no es delito”, aludiendo a las negociaciones bajo la mesa que realizó con algunos alumnos/as para venderles ciertos beneficios. Docente apartado de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega por las  reiteradas acusaciones de presunto acoso sexual. Ya dirán ustedes que pinta en ese Consejo una enfermera, un ingeniero, o un profesor de la aparente catadura del tal Quispe Pariona. Y esa es la máxima autoridad que pone y quita fiscales y jueces en este país. Juzguen ustedes.

En otra situación, también decepcionante  se encuentran los administrativos de la Universidad del Santa que reciben un trato salarial discriminatorio en la escala a la que pertenecen y que han merecido la solidaridad de la mismísima Dirección de la Universidad. Siendo los paganos de siempre los estudiantes que no reciben el trato que se merecen. Lo mismo ocurre con  otros trabajadores administrativos de la municipalidad, o de los servicios postales como Serpost, o los médicos legistas pertenecientes al Ministerio Público. En fin una auténtica debacle cuyos efectos repercuten en la sociedad, que se ve sin los servicios mínimos que como ciudadanos deben recibir.

 He dejado para el final la huelga que afecta en gran medida a los trabajadores administrativos del  Poder Judicial y que hasta ahora, en sus trece días de desarrollo ha significado la realización de la cuarta parte de los litigios pendientes. Huelga motivada al parecer por la reivindicación al Gobierno de la Nación de la cumplimentación de su escala salarial, de la exclusión de la Ley Servir y finalmente el incremento del presupuesto asignado por parte del Congreso al Poder Judicial. Reivindicaciones, posiblemente muy ajustadas a razón y que están significando una paralización muy elevada (75%) del trabajo jurisdiccional. Al principio hacía referencia a la inquietud originada en la ciudadanía por las actitudes adoptadas en un principio y posteriormente matizadas y suavizadas por los huelguistas en lo referente a la realización de los casos emblemáticos, que han contado con la inteligente solidaridad de aquellos que laboran diariamente a su lado, cuales son Jueces y Presidente de la Corte del Santa. Estos funcionarios administrativos están dando, con su flexibilidad, un auténtico ejemplo de civismo y profesionalidad que para sí quisiera alguna Señoría que está en la mente de todos. Señoría, que recientemente, además de “pegársele las sábanas” en un caso emblemático, por ella programado, después de falsear su entrada al recinto de la Corte, ha intentado boicotearla con inadecuadas excusas, más propias de un aficionado que de un profesional. Y que la diligente  actuación de quienes tenían la obligación y responsabilidad de que todo transcurriera de acuerdo a Ley hizo que las aguas volvieran a su cauce. Felicitaciones a todos ellos. Es evidente que todos estamos expuestos a cometer errores, pero la deficiente, por no llamarla de otra manera más dura, actuación de su Señoría ha llamado poderosamente la atención de los ciudadanos, hoy más sensibilizados que nunca  por las continuas fallas en la administración de la Justicia. Fallas, a mi modo de ver como por ejemplo: que un juez suplente que ha ascendido a tal cargo, previa función de técnico, y más tarde de secretario, o sea por la tan ponderada meritocracia, con todas sus atribuciones intactas como debe ser, en un entorno determinado, debería ejercer su jurisdicción en otro hábitat diferente al de su origen, por razones obvias, y así evitar posibles suspicacias.  Hace muy bien el Presidente de la Corte recordando que los Jueces, incluidos los suplentes (esto lo digo yo), no están en huelga y que posponer  audiencias recargarían o quebrarían juicios que se hallan en su proceso final. Así de sencillo.

Moraleja: “Ningún vencido tiene Justicia si lo tiene que juzgar su vencedor” 

(Francisco de Quevedo)

Así sea.

EL VIGÍA.