El Poder Judicial, como suele
ocurrir en las emergencias nacionales, ha mostrado su auténtico poder sacando a
relucir la caja de los truenos al hacer ejercicio de su autoridad, dictando una
serie de medidas jurídicas ante el presunto desmán de una parte de la sociedad,
y así evitar la implementación más amplia de unos actos corruptos que venían
enseñoreándose en la Región de Ancash. Con el agravante de que esa parte de la
sociedad desmandada, es coincidentemente la que mandaba, originando un
auténtico desmadre. O sea la clase dirigente.
El que haya sido esa, la
clase dirigente, la presuntamente responsable de actos sumamente graves, con su
consiguiente elevadísima alarma social, es justificación razonable y más que
suficiente para que los Poderes del Estado se hayan vistos impelidos a actuar
de forma drástica. Presidente de la República, Ejecutivo, Legislativo y
Judicial, ante la luz roja encendida y originada por los siniestros y corruptos
hechos acontecidos, han tenido que actuar al unísono cumpliendo cada uno de
ellos con su función, que no es otra que la defensa del Estado de Derecho. El
Presidente de la República, convocando al Consejo de Estado, para que sus
integrantes responsables de los diferentes Poderes unificaran criterios, dentro
de su independencia institucional y potenciaran sus respectivas acciones.
Así, cada uno de ellos
cumpliendo con sus responsabilidades
iniciaron la tarea de afrontar en profundidad los desmanes que venían
sucediéndose. Desmanes calificados actualmente como delitos de elevada
gravedad, cuales son asesinato cualificado, asociación ilícita para delinquir,
peculado, lavado de activos y otros varios. Unos delitos altamente penados y
por lo tanto una selecta selección de ellos, que venían desarrollándose desde
años atrás.
Lo que inicialmente hay que
considerar como un acto político, como fue la decisión de actuar
institucionalmente dio paso a las sucesivas acciones de cada una de las
Instituciones en sus respectivas jurisdicciones.
Así pues, las acciones de la
Policía Nacional del Perú, Fiscalía y Judicatura, no cabe bajo ningún concepto
considerarlos como actos políticos, sino como actos jurisdiccionales y
profesionales, independientes y amparados y aplaudidos por la Ley.
Aquí y ahora no se está ante
ninguna caza de brujas, a no ser que así se considere, cosa que no haré yo, a
alguna de las presuntas delincuentes, sino ante la persecución de los graves
delitos antes mencionados.
Quienes se sienten
descubiertos y perseguidos por el imperio de la Justicia tratan de desvirtuarla
y desprestigiar su actuación. Para ello lo más fácil es intentar acomodar su
discurso diciendo que están siendo víctimas de una persecución política, cuando
en realidad lo que se está haciendo es una persecución del delito mediante
actos jurídicos, claros y transparentes en aplicación de la Ley y en defensa
del Estado de Derecho.
Decir que “tú viniste a
buscar nuestro apoyo y nos pusiste como ejemplo hace cuatro años”, se trata de
un hecho político y que puede ser cierto, pero que no desvirtúa en absoluto las
acciones jurídicas ahora adoptadas ante las evidencias aportadas, a diferencia
de lo que aparentemente no existía o no se contemplaba hace unos años. Las
acciones actualmente adoptadas honran a quiénes las han tomado, y su silencio o
ambigüedad les harían cómplices de quienes presuntamente delinquieron. Aquí
sería útil aplicar el símil futbolístico de que cuando un equipo se ve
acorralado su entrenador recomienda echar balones fuera y dejar pasar el tiempo.
Mejor sería que la acción de la defensa de los encartados no se centrara en
echar balones fuera y responsabilizar al árbitro, pues esto no es ningún juego sino
en contrarrestar los indicios y pruebas aportadas por el Ministerio Público en
los delitos cometidos, aportando los descargos correspondientes. Las
persecuciones políticas fueron propias de estados dictatoriales pasados.
Actualmente podemos dar gracias de vivir en un estado democrático y de derecho,
imperfecto desde luego, pero en el que cada ciudadano puede actuar libremente
siempre respetando los derechos de su prójimo.
Por otro lado, el drama
social que acompaña a unos y otros es elevado. Para unos, los familiares de los
desaparecidos, se trata de una auténtica tragedia difícil de reparar y que
únicamente el tiempo y la Justicia será capaz de paliar en parte. Para otros,
los de los ahora detenidos, es difícil de asimilar y afrontar, bien por lo
inesperado, bien por su más que posible moral laxa o lo que es lo mismo el “todo
vale”. Estoy hablando de hijos, esposos/as, padres, etc. etc.
Pero que no son sólo ellos,
sino también quienes estamos siendo testigos de los acontecimientos y formamos
el tejido social, los que sentimos una profunda, profundísima tristeza ante los
acontecimientos que ineludiblemente nos ha tocado presenciar. La sociedad debe
reaccionar con entereza y la Justicia actuar con celeridad y rigor, con el fin
de aliviar la alarma social creada por una parte y por otra cumplimentar su
labor constitucional de perseguir y sancionar el delito.
Para finalizar, debo
constatar que a cuantos nos dedicamos a escribir nos resulta muy doloroso ver
como colegas, en el libre acto de su ejercicio, se ven denunciados, perseguidos
y condenados de forma poco adecuada a derecho como hemos visto recientemente;
pero también nos duele y posiblemente más, la actuación de algunos otros que
son justamente apartados y aislados de la sociedad por transmitir la imagen de
que escribir y comunicar es una actividad bastarda y vendible al mejor postor.
Moraleja:” Los malos equipos encubren
sus malas actuaciones responsabilizando al estado de la cancha o a la actuación
del árbitro”
Así sea.
EL VIGÍA.
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