ARTÍCULO: INVESTIGACIONES.

 La Comisión de investigación del Congreso de la República sobre el caso Ancash está a punto de emitir su primer informe acerca de lo investigado en esta primer etapa de trabajo, en la que se plantea la hipótesis de la existencia de una red organizada de corrupción. No perdamos de vista que se trata por una parte de una investigación en principio limitada a declaraciones y denuncias de personas y por otra parte que se realiza en el Congreso de la República, con lo que tendrá un carácter meramente político. O sea una investigación con una carga política, que no jurídica importante. Sabido es que la función del Congreso es la de legislar, y también fiscalizar las actuaciones del ejecutivo y escuchar atentamente las sugerencias y denuncias de quienes les han aupado a esos puestos, que no son otros que los ciudadanos. Es menester dejar muy claro que el valor del informe que presente la Comisión presidida por el señor Mesías Guevara será por supuesto una orientación clara y muy aproximada de lo acontecido, pero insisto, su valor será puramente político y testimonial aunque muy revelador de lo ocurrido en la región de Ancash. Esas revelaciones podrán valer y ser conocidas en otras regiones pero aquí en Ancash se conoce y se sabe de sobra todo lo acontecido, con sus actores principales, secundarios y efectos producidos. Al fin y a la postre son quienes lo han sufrido y denunciado.

No hace falta por ejemplo que nos digan lo ya conocido por todos, que ha fallado por acción u omisión en su función de control la Fiscalía de la Nación, el Poder Judicial, la Contraloría, el Organismo Superior de la Contrataciones del Estado (OSCE), el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), el Congreso de la República y la Policía Nacional del Perú (PNP). Ni unos ni otros hicieron su trabajo. Y las consecuencias son éstas, consecuencias graves que también están sufriendo en otras regiones, como Tumbes, Cajamarca, Lambayeque, etc, etc.

Las Descentralización, de la que hablaremos otro día, no ha sido tal.  Ha sido un abandono total del centralismo imperante en Lima que ha creído que mirándose su propio ombligo tenía todo hecho, abandonando a su suerte a gran parte del País representado por sus Regiones.

¿Y de la comisión de Ética del Congreso que iba a investigar a los diputados Heriberto Benítez y Victor Crisólogo, qué se sabe? En mi opinión no es necesaria la intervención de esa comisión si sus conclusiones van a ser, como siempre, tardías. Si en verdad esos diputados como manifiestan no tienen nada que temer deberían dar un paso al frente y liberarse de esa inmunidad con la que deben sentirse atenazados y les impide someterse a las indagaciones y controles a las que está sujeto cualquier ciudadano. Y más cuando ya es conocida la solicitud de levantamiento de su inmunidad del Fiscal del caso Centralita.

No hará falta recordarles a uno y otro que ahora no es un acto político lo que tiene que afrontar sino un simple acto jurídico. En el que ha tenido que ser el señor Juez de la causa el que solicitara al señor Fiscal cuál era su situación como presuntos encausados, pues éste parecía haberse olvidado.

Mención aparte merece la actuación inicial poco afortunada del señor Ortecho abogado defensor del principal encausado en Lima. Digo poco afortunada pues así lo parece cuando se presentó en el juicio de Chimbote, caso Centralita, y sin acreditarse pretendió defender a la señora Asián, cosa que fue lógicamente desestimada por el señor juez. Sigue estando poco afortunado cuando a estas alturas de la investigación atribuye públicamente la autoría del crimen de Nolasco al sindicato de construcción, que es la portátil del ex presidente, su defendido. Y finalmente muy pero que muy poco afortunado al solicitar también públicamente el levantamiento del secreto de la identidad de los testigos protegidos para contrainterrogarlos. Podrá contrainterrogar durante el juicio oral, cosa que será más adelante, pero sin conocer la identidad de los testigos protegidos y colaboradores de la justicia, para lo que se habilitarán con toda seguridad las medidas y estrategias adecuadas de acuerdo con el artículo 248 del Nuevo Código Procesal Penal, preservando su identidad y garantizando su seguridad. Por eso y para eso son Testigos Protegidos. Esta es una premisa fundamental y totalmente necesaria en casos como el que nos atañe. La actuación de este abogado, con todos los respetos que se merece, se parece más bien a la propia de otros tiempos en los que se utilizaba el “quítate que me pongo yo” y el autoritarismo reinaba por doquier.

Y llegados hasta aquí, hay que hacer mención de forma expresa y concreta a la actuación de quien está dirigiendo con educación, temple y rigor el encausamiento de los procesados. Ahora se ve meridianamente claro el por qué del interés de los principales encausados en eliminar de este proceso al profesional serio, firme en sus convicciones, didáctico e incansable que está asumiendo con una gran entereza y profesionalidad la “papeleta” que en reparto le tocó y que quizá en otro momento alguien hubiera intentado revertir de buena gana, pero resulta que ahora todas las miradas del país estaban centradas aquí y en él. Se llama Richard Concepción Carhuancho y me impresionó su buen actuar.

Moraleja: “Aquello de que la Justicia emana del pueblo, parece que vuelve a ser verdad”.

Así sea.

EL VIGÍA.